miércoles, 31 de octubre de 2007

El PP apuesta por dar otro impulso a la energía nuclear con nuevas centrales.






En España es poco menos que un tema tabú y pocos se atreven a salir de la senda de lo políticamente correcto para defender, siquiera, la revisión de la energía nuclear en nuestro país. En cambio, el PP parece dispuesto no sólo a abrir el debate de la política energética, sino incluso a hacer una apuesta moderada por las nucleares e incluirla en su programa electoral, según ha podido saber ABC de fuentes populares.
Por un lado, el PP entiende que es necesario mantener, e incluso incrementar, «la participación de las nucleares en la producción energética nacional» y, por otro, abogar por la construcción de centrales de nueva generación, mucho más eficientes, más seguras y de dimensiones más reducidas que las ahora existentes, eso sí, en los emplazamientos actuales, conscientes de que «a nadie le gusta que le pongan una nuclear cerca de casa», señalaron a ABC fuentes del consejo asesor del programa electoral.
Almunia, Fidalgo...
Las intenciones del PP en materia nuclear coinciden con las declaraciones de Mariano Rajoy sobre el cambio climático, que iba a ser, precisamente, uno de los grandes ejes argumentales. Y es que «todos los expertos destacan que una de las ventajas de esta fuente de energía es que no contribuye al calentamiento global» y, por tanto, al cambio climático al no producir gases de efecto invernadero. «Aquí el único que todavía sigue instalado en lo de «nucleares, no, gracias» es Zapatero, porque mucha gente de su Gobierno ya lo ve factible y no entiende lo de la moratoria nuclear», comentan fuentes populares. De hecho, personalidades socialistas de la relevancia de Joaquín Almunia, comisario de Asuntos Económicos de la UE, se han mostrado a favor de no descartar la energía nuclear. También el secretario general de CC.OO., José María Fidalgo, se ha manifestado claramente favorable a su uso.
Para el PP, al argumento ecológico se une otro, si se quiere, de cariz soberanista, que hace referencia a la gran «dependencia energética» exterior española (con el petróleo y el gas argelino) , y otro de tipo económico, puesto que la energía nuclear, aducen los populares, resulta ser la más barata para los consumidores seguida por el gas, el carbón y la eólica.
Informe FAES
La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), presidida por José María Aznar, editó en marzo de este año un informe firmado por Guillermo Velarde, catedrático de Física Nuclear y presidente del Instituto de Fusión Nuclear de la Politécnica de Madrid, de donde se recogen muchas de las consideraciones que hacen en el PP sobre esta controvertida cuestión.
En dicho documento se afirma que «la elevada dependencia energética española y los compromisos de Kioto refuerzan sus ventajas (la de las nucleares) para España». «Otra ventaja muy importante -prosigue el catedrático Velarde- es que la energía nuclear no produce gases de efecto invernadero, a diferencia de las centrales térmicas y de ciclo combinado. Los preocupados por el asunto del cambio climático parecen ignorar este aspecto».
Buena parte del informe se destina a desmenuzar los sucesos de Chernobyl, hace 21 años, y la amenaza real que supuso, dado que el accidente de la central ucraniana se convirtió en un hito de los «antinucleares». Para ello se basa en un documento de 5 de septiembre de 2005 de la ONU («Chernobyl Forum») que rebaja las consecuencias fatales de la explosión del reactor 4 de esta central, destinado al enriquecimiento de plutonio para cabezas nucleares y no para generar electricidad.
El documento de FAES estima además que es posible abordar con perspectivas de éxito la siempre controvertida cuestión del destino de los residuos radiactivos de vida larga con un «Transmutador» que, por una parte los convierta en residuos de vida corta y, por otro, los comprima a diez veces la densidad inicial, aunque todavía está en fase de desarrollo.
La actual moratoria nuclear, -que el informe atribuye en parte a la campaña de ETA contra la central de Lemóniz-, supuso compensar a las eléctricas con 600.000 millones de pesetas con cargo a los recibos de la luz; aumentar la emisión de gases de efecto invernadero y desmantelar «la industria nuclear española, produciendo la fuga de de más de 1.000 físicos e ingenieros».

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