Zapatero promete cierres de centrales y emplaza al PP a aclarar su posición sobre la energía atómica.
Las eléctricas, HC incluida, piden alargar 20 años la actividad de los 8 reactores actuales y hacer 6 nuevos.
La mayoría de los españoles, refleja la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), rechaza la energía nuclear.
Antes que de ninguna otra instalación de generación eléctrica prescindirían de los reactores atómicos, aunque aporten el 20 por ciento de todos los kilovatios que consume el país.
Aunque se trate de una energía sin emisiones de CO2 y, por tanto, sin impacto en el cambio climático, preocupación ambiental que parece haber calado profundamente en los ciudadanos, como también recoge el mismo sondeo.
Siguen muy vivos los temores por la seguridad de las nucleares, presentes la catástrofe de Chernobil (1986) y la desconfianza acerca del irresoluto problema de los residuos radioactivos.
En el contexto del debate global sobre el equilibrio entre crecimiento económico, seguridad de suministro energético e impactos ambientales, la cuestión nuclear ha vuelto a enfrentar en las últimas semanas a quienes, como la industria eléctrica, demandan más centrales y aquellos otros que, como el actual Gobierno, son contrarios a ese escenario.
La discusión ha ganado intensidad ante la cercanía de las elecciones generales del 9 de marzo y, a pesar de que los grandes partidos (PSOE y PP) no han aireado oficialmente todavía lo que se podrá leer en sus programas sobre la electricidad nuclear, se vislumbra, según las informaciones recabadas, que los socialistas insistirán en el criterio de ir a una reducción progresiva de la aportación atómica a la dieta energética de los españoles y que los populares defenderán la conveniencia estratégica de esa producción, aunque sin llegar a hacer suyos del todo los criterios explícitamente pronucleares que Unesa, la patronal del kilovatio, acaba de exponer.
El «informe Unesa». El «lobby» eléctrico que integran las grandes compañías del sector ha confeccionado un documento en el que analiza los escenarios energéticos posibles hasta 2030 y las opciones tecnológicas para compaginar en ese horizonte la atención de la demanda, la viabilidad económica del sistema y el acatamiento de las disciplinas para combatir el cambio climático (Protocolo de Kioto) y otras líneas rojas medioambientales.
La eléctricas españolas, incluida la asturiana HC Energía -propietaria del 15,5 por ciento de la central nuclear de Trillo (Guadalajara)-, reactivan la petición del final de la moratoria nuclear con dos propuestas capitales: que la Administración autorice la prolongación de la vida útil de las instalaciones actuales (ocho reactores repartidos en seis complejos), de modo que no se produzcan cierres hasta después de 2031, y que la actividad de las más modernas -la participada por HC, entre ellas- llegue hasta 2048; de otra parte, Unesa plantea la construcción de nuevos equipos.
La patronal pone sobre la mesa la construcción durante las próximas dos décadas de seis nuevos reactores (2.600 megavatios de potencia).
A la postre, tres centrales nucleares más. «No es sólo la cuestión ambiental; la tecnología nuclear es fiable y segura», remarca un directivo de la patronal que preside Pedro Rivero.
Entre los movimientos antinucleares está extendido el convencimiento de que los defensores de la energía atómica, principalmente quienes se dedican a tal negocio, están utilizando perversamente el problema del cambio climático para reorientar a su favor el debate nuclear, la defensa de una tecnología que no genera CO2 pero que no ha dado aún con la fórmula para atajar el problema de los residuos radioactivos sin sombra de duda.
El documento de Unesa deja entrever que el objetivo primigenio de las empresas no es tanto ir de inmediato a la construcción de más nucleares, que requieren enormes inversiones -probablemente inabordables por una empresa española en solitario-, como poder alargar la actividad de las existentes. Aunque en España las nucleares no tienen exactamente una fecha de caducidad y su vida útil depende al final de autorizaciones administrativas que en último caso competen al Gobierno, se considera que las instalaciones españolas están diseñadas para durar 40 años.
Si no se permiten inversiones para prolongar ese plazo hasta los 60 años, como piden las empresas, entre 2011 y 2028 habrían de cerrar todas.
Unesa, partidaria también de aumentar la inversión en energías alternativas y de que el carbón mantenga una cuota relevante en el sistema español, echa cuentas como ésta: «Sustituir por energías renovables los ocho reactores nucleares que están funcionando en España costaría entre 15.000 y 20.000 millones de euros».
Y la patronal avisa sobre «otros costes»: «La compensación a las empresas propietarias, tanto por el valor de las instalaciones como por el lucro cesante».
El informe para Zapatero. El PSOE ha sido el primer partido en meter a las nucleares en precampaña electoral. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero adelantó esta semana la posición general que llevarán al 9-M los socialistas sobre la energía atómica, análoga a la que abanderaron en los anteriores comicios: ir a un recorte progresivo de la producción nuclear y apostar por un desarrollo más intenso de las fuentes limpias de energía.
Zapatero añadió, diez días después de conocerse los resultados de la encuesta del CIS, un emplazamiento al PP para que fijara públicamente su posición.
Ocurrió a la vez que en Gran Bretaña -país que, como España, Alemania e Italia, ha sido reticente a las nucleares- el Gobierno de Gordon Brown cambió el criterio histórico de los laboristas y anunció que autorizará más nucleares.
En España no se hacen nuevas centrales atómicas desde 1988 (Trillo). Fue el último proyecto que, autorizado a finales de los años 70, esquivó la moratoria viva en España desde 1984.
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