Dos de los integrantes de la plataforma contra las térmicas pidieron por escrito que se aplazase el pleno.
Su Ayuntamiento firma un convenio de 2,3 millones con la empresa y espera ingresar 4,8 más por la concesión de las licencias de obra y actividad El acuerdo salió adelante con los votos de PNV y PP, en un pleno en el que no estuvo el edil independiente
El Ayuntamiento de Lantarón y la empresa Gas Natural, a través de la sociedad Lantarón Energía S.L., suscribieron ayer un acuerdo que deja vía libre a la instalación de una central de ciclo combinado de 800 megavatios de potencia. Tras el rechazo que 12.000 mirandeses expresaron hace unas semanas -en Consulta Informativa Vecinal-, a la propuesta impulsada por Iberdrola y Montefibre, a escasos 5 kilómetros de la ciudad se refuerza así la posibilidad de que cristalice, a largo plazo, un proyecto similar.
La térmica está aun en fase incipiente en la localidad alavesa -no se ha presentado siquiera Informe de Impacto Ambiental-. Pero acaba de recibir el espaldarazo de su Ayuntamiento. En sesión plenaria dio ayer luz verde a un convenio urbanístico y a otro de colaboración con los cuatro votos a favor del partido de Gobierno, el PNV, y los dos del PP. Lo rechazó -por carta- el concejal de la candidatura independiente.
La administración local se compromete a «facilitar al máximo la obtención de las licencias de obras y actividades y demás permisos municipales necesarios, tanto para el ciclo combinado como para las infraestructuras necesarias» una vez la empresa obtenga las pertinentes autorizaciones de los ministerios de Medio Ambiente e Industria.
Y lo hace con un convenio que, de entrada, le reportará 465.000 euros al año durante cinco a contar desde la puesta en marcha de la central. Ahora bien, a cuenta de esa aportación -que globalmente rebasa los 2,3 millones- ya desde el próximo mes de enero, Lantarón ingresará 5.000 euros mensuales para la «promoción de actividades medio ambientales, culturales, deportivas o de mecenazgo». Sólo si el Ayuntamiento rompiera unilateralmente el acuerdo, debería reembolsar lo percibido. No tendría que hacerlo, por tanto, si el proyecto no saliese adelante por otras razones.
En fases
Pero éste no será el único ingreso que llegará a las arcas de un municipio que apenas tiene un millar de habitantes censados. En lo referente a la licencia de obra y actividad, se ha pactado una cuota de 4,7 millones de euros a los que se sumarían 100.000 «por otros conceptos» como, por ejemplo, la ocupación de espacios públicos durante la construcción.
El abono del total se realizará en distintas fases. Así, el Consistorio alavés percibirá medio millón al otorgar la licencia de movimiento de tierras y acondicionamiento de terrenos; 1,7 millones cuando conceda la licencia definitiva de obras; y transcurrido un año desde ese último pago; 2,5 millones de euros más. La tasa de 100.000 deberá desembolsarse con la licencia de apertura.
A esas cuantías se añade la resultante del pago anual del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que se calcula puede rebasar los dos millones de euros. La empresa se compromete también a llevar la acometida de gas hasta las puertas de los vecinos que lo soliciten así como a diferentes edificios públicos. Incluso, la 'preinstalación' de un tubo que pueda albergar la red de fibra óptica correría a cargo de la compañía de gas.
Dentro de ese mismo convenio Lantarón Energía se compromete echar mano de empresas, suministradores y trabajadores locales. «Dará preferencia en igualdad de condiciones a los vecinos del municipio», se plantea en un punto del acuerdo.
El PP, pese a subrayar que estaba en contra de la implantación de esta industria «porque no va a ser saludable para la zona», justificó su voto de respaldo en las consecuencias positivas -desde el punto de vista económico- que, entienden, tendrán los convenios suscritos.
El alcalde de Lantarón, Jesús Barredo, una vez finalizada la sesión plenaria, descartó la posibilidad de impulsar una consulta ciudadana similar a la que se ha desarrollado en Miranda. Esta petición la habían trasladado a las Juntas Generales integrantes de la plataforma contra las centrales térmicas. Barredo entiende que «la consulta popular ya se hizo el día de las elecciones». Sin más.
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